Las transformaciones en la gobernanza económica, el papel de las instituciones públicas y la representación de las personas trabajadoras están hoy en el centro del debate en muchos países de América Latina. En Costa Rica, estas tensiones se hacen especialmente visibles en espacios como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, una entidad singular que históricamente ha articulado la participación directa de los sectores sociales en la toma de decisiones financieras. Sin embargo, los recientes conflictos en torno a su gobernanza evidencian los retos de mantener modelos democráticos en contextos de creciente intervención política y cambios institucionales.
En paralelo, experiencias como la de COOPESEC muestran cómo el cooperativismo y el sindicalismo pueden converger como herramientas complementarias para el bienestar de la clase trabajadora, cuestionando estigmas aún presentes en el imaginario colectivo. Para profundizar en estos debates, conversamos con Vivian Rodríguez, dirigente cooperativa y presidenta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular de Costa Rica.
En esta entrevista, abordamos el papel del cooperativismo en el ámbito sindical, los desafíos de la representación en instituciones financieras públicas, las tensiones entre autonomía y control político, y las oportunidades de la Economía Social y Solidaria para fortalecer modelos más justos, participativos y orientados al bienestar colectivo en Costa Rica.
Buenas Vivian, bienvenida a nuestro Blog. En primer lugar, me gustaría preguntarte COOPESEC, y por ese debate que muchas veces se plantea entre cooperativismo y sindicalismo. ¿Cómo lo vives desde dentro?
Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, COOPESEC es una cooperativa de servicios múltiples vinculada al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense. De hecho, en Costa Rica es el único sindicato del sector educativo que cuenta con una cooperativa propia, y eso es importante destacarlo.
Existe todavía la percepción de que cooperativismo y sindicalismo son realidades separadas, pero en realidad tienen una relación muy estrecha. Ambas son organizaciones sociales que buscan el desarrollo y el bienestar de las personas. En nuestro caso, COOPESEC ha tenido un papel clave en la mejora de las condiciones de la clase trabajadora del sector educativo.
Aún hoy hay docentes que se sorprenden al descubrir que el sindicato tiene una cooperativa. Ese desconocimiento refleja un estigma que todavía cuesta romper, esa idea de que cooperativismo y sindicalismo no van de la mano.
¿Dirías que ese estigma sigue muy presente?
Sí, especialmente en Costa Rica sigue siendo una realidad. Pero creo que, a medida que la Economía Social y Solidaria gana visibilidad, vamos avanzando poco a poco en desmontar esas barreras.
¿Cuáles son actualmente los principales objetivos de la cooperativa?
Como cualquier proyecto, hemos ido creciendo paso a paso. Hemos logrado una buena aceptación porque hemos apostado por la innovación y por desarrollar proyectos que respondan a las necesidades reales del sector educativo, que además ha sufrido políticas laborales regresivas.
Uno de los proyectos más innovadores que hemos puesto en marcha es un servicio de atención médica para las personas asociadas. No solo contamos con consultorio, sino que llevamos la atención directamente a los centros educativos, facilitando el acceso a la salud en el propio entorno laboral. Es una forma de poner el bienestar en el centro.
Cambiando de ámbito, también eres presidenta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular de Costa Rica. Para contextualizar, recientemente el Poder Ejecutivo ha intervenido en la designación de la Junta Directiva. ¿Cómo ha afectado esto?
Efectivamente, esto afecta directamente al espíritu con el que fue creado el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Su finalidad es brindar protección económica y social a la población trabajadora y sus familias.
Este banco es único porque su Junta Directiva incluye representación de diez sectores sociales y productivos: sindicatos, cooperativas, asociaciones comunales, profesionales, entre otros. Es una estructura pensada para garantizar participación real.
Sin embargo, aunque la Asamblea elige a cuatro representantes, estos deben ser ratificados por el Poder Ejecutivo. En los últimos años, esa ratificación no se ha producido, lo que ha dejado sin representación efectiva a los sectores sociales en la toma de decisiones.
¿Y qué consecuencias tiene esto en la práctica?
Tiene un impacto directo en la orientación estratégica del Banco. Se dificulta la aprobación de proyectos impulsados desde los sectores sociales y se limita la capacidad de incidir en políticas que responden al interés colectivo.
Aun así, hemos tratado de mantener el diálogo y evitar el conflicto abierto, porque el objetivo es que el Banco siga funcionando y cumpliendo su misión social.
El Banco Popular ha sido históricamente una herramienta clave para democratizar el acceso a la financiación. ¿Se está viendo afectado ese papel?
Sí, en cierta medida. La falta de representación incide en la innovación y en el desarrollo de productos financieros alineados con la banca social.
Aun así, el Banco continúa trabajando con poblaciones vulnerables, territorios rurales y sectores con menor acceso al crédito, promoviendo emprendimiento, formación financiera y desarrollo económico. Pero podría hacerlo con mayor coherencia si existiera una alineación real con la Asamblea.
Ante esta situación, habéis impulsado una reforma legal. ¿En qué punto está?
Presentamos un proyecto de ley para eliminar la necesidad de ratificación por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, que las personas elegidas por la Asamblea puedan incorporarse directamente a la Junta Directiva.
El proyecto tuvo un gran respaldo inicial — fue firmado por alrededor de 35 diputados — y fue aprobado por unanimidad en comisión. Sin embargo, en el proceso de votación se han presentado mociones que están retrasando su aprobación, lo que pone en riesgo su avance, especialmente en un contexto preelectoral.
Mirando hacia el futuro, ¿qué expectativas tenéis respecto al contexto político?
Estamos impulsando un espacio de diálogo con candidaturas presidenciales junto a la Cámara Nacional de Economía Social. Queremos generar un compromiso político real con el fortalecimiento de la Economía Social en Costa Rica, incluyendo la necesidad de una ley marco que actualmente no existe.
Volviendo al Banco, ¿cómo se financian las iniciativas sociales que desarrolla?
La propia ley establece que un porcentaje de las utilidades del Banco debe destinarse a la banca social. Esto garantiza recursos para proyectos con impacto social, independientemente de las tensiones institucionales. Es un mecanismo clave de protección.
Para terminar, ¿cuáles son los principales retos a los que te enfrentas?
El principal desafío es la articulación. La Asamblea está compuesta por 290 delegados de diez sectores distintos, lo que requiere un enorme trabajo de coordinación, comunicación y construcción de consensos.
Además, es fundamental avanzar en el relevo generacional, fortalecer liderazgos y mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que las decisiones tomadas se traduzcan en impactos reales.
Son procesos complejos, pero creemos firmemente en la construcción colectiva como camino para avanzar.
