Las realidades sociales y económicas que han impuesto el neoliberalismo y la revolución conservadora iniciada en los años ochenta del siglo pasado y encabezada por dirigentes políticos como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, se caracterizan, entre otras cosas, por los incrementos de las desigualdades entre los distintos países y dentro de cada país, por una creciente importancia del “precariado”, por las diferencias legales y materiales entre los trabajadores, por la falta de estabilidad y de perspectivas laborales y vitales, por la ausencia de compromiso del capital financiero con el destino de las personas y los territorios, etc.
En este contexto, desde los años finales del siglo pasado se vino operando una eclosión de iniciativas sociales para poner en marcha prácticas económicas alternativas no capitalistas. Simultáneamente se produjo un renovado interés teórico y político sobre lo que suponen las formas de producción solidarias en general y las cooperativas de trabajo en particular para construir nuevas relaciones sociales y de producción basadas en principios de democracia, cooperación y solidaridad entre las personas.
En ese renovado interés jugaron indudablemente un importante papel los Foros Sociales Mundiales iniciados en la ciudad brasileña de Porto Alegre en 2001. En todo caso, lo cierto es que tal y como sucedió durante la revolución industrial en el s. XIX, ante esta crisis sistémica y el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora generados por el capitalismo financiero los sectores populares crean, o “recrean”, instrumentos de organización socioeconómica alternativa, no capitalista, para hacer frente a esta situación. Estas nuevas formas de organización, producción y consumo a las que genéricamente se les ha denominado “Economía Social y Solidaria” (ESS), privilegian el trabajo colectivo, la autogestión, la justicia social, la igualdad entre las personas, el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad hacia las generaciones futuras.
Junto a las realizaciones materiales concretas aquél nuevo interés teórico desafiaba el pronóstico pesimista tradicional de muchos teóricos conservadores, pronóstico definido de forma genérica a partir de G. Hardin en 1968 como “la tragedia de los comunes”, sobre la supuesta inviabilidad de las formas de organización económica basadas en los principios del asociacionismo, es decir en los valores de la autonomía, la democracia participativa, y la igualdad, equidad y solidaridad que han inspirado históricamente el movimiento cooperativista internacional desde los pioneros de Rochdale en 1844.
Estos valores se concretan actualmente en los principios aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 2005 que deben de cumplir las empresas cooperativas, principios que serían extensibles a cualquier emprendimiento que pretenda incardinarse en el marco de la ESS:
– Adhesión voluntaria y abierta
– Gestión democrática por parte de los asociados
– Participación económica de los asociados
– Autonomía e independencia
– Educación, formación e información
– Cooperación entre cooperativas
– Preocupación por la comunidad
La profundidad en términos económicos y sociales de la Gran Recesión iniciada en 2008 hizo que las iniciativas sociales en este campo se incrementaran considerablemente así como las reflexiones teóricas y políticas sobre las mismas. Ello resulta muy necesario en tanto en cuanto que el modelo neoliberal y la gobernanza de la economía inspirada en sus principios han fracasado estrepitosamente como puso de manifiesto la crisis de la Gran Recesión y las crisis sistémicas que padecemos. Y ello no es incompatible con el hecho de que política y culturalmente el neoliberalismo mantenga todavía una indudable fuerza.
Ante esas crisis sistémicas a las que nos enfrentamos (económica, social, ambiental) vale la pena destacar que estas iniciativas se enmarcan de forma general en esa necesidad de construir sociedades más democráticas que permitan abordar las posibles soluciones a las mismas con el concurso de la mayoría huyendo de las tentaciones autoritarias que, como la experiencia indica, suelen ser perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos. Ello, entre otras cosas supone intentar recuperar utopías desde la sociedad organizada y volver a colocar en la agenda pública la cuestión central de la Democracia Económica que la revolución conservadora y las políticas neoliberales arrinconaron. Todo ello debe venir acompañado de la definición de las diversas concreciones prácticas que puede adoptar esa democracia económica para de esta forma no quedarse en la mera retórica. Unas concreciones que pueden ir desde la participación organizada de los trabajadores en la gestión de las empresas (mediante fórmulas de cogestión) hasta el desarrollo de potentes políticas públicas favorecedoras del desarrollo de las diversas modalidades de emprendimientos de la ESS.
Han sido diversas las iniciativas que en los últimos años han surgido en la línea de preconizar la necesaria intervención social para incluir estas temáticas en la agenda pública. En el plano europeo, un plano que en un mundo globalizado resulta cada vez más nuestro entorno doméstico, han surgido algunas de ellas orientadas a revertir aquella situación y a situar a la Democracia económica como un objetivo político imprescindible para conseguir sociedades más justas y una Europa más social. La primera de ellas fue el Manifiesto por una Nueva Senda para Europa (https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/trazando-nueva-senda-europa_129_2128756.html ) suscrito en mayo de 2018 por más de 500 personas, de 30 países, dirigentes del mundo político, académico y sindical y en donde se planteaba la necesidad de que la Comisión europea abandonara la teoría de la “primacía accionarial” adoptada por la Comisión en el apogeo de las tesis neoliberales en los años noventa del siglo pasado. Una teoría que no tenía en consideración el papel de la economía real, de los trabajadores o de los territorios, los cuales eran siempre sometidos a los intereses accionariales de las empresas.
Un segundo e importante pronunciamiento, realizado todavía en plena vigencia de la pandemia derivada del COVID-19 en mayo de 2020, fue el Manifiesto Trabajo. Democratizar, Desmercantilizar y Descontaminar, (https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/trabajo-democratizar-desmercantilizar-descontaminar_129_5963192.html) que fue impulsado por destacados economistas como Thomas Piketty o J. Galbraith y suscrito por más de 3.000 académicos dando origen al movimiento DemocratizingWork. Este importante Manifiesto apunta en la línea de profundizar en la democracia económica mediante la democratización de las relaciones laborales cualquiera que sea la estructura jurídica que les de sustento y a “desmercantilizar” el trabajo a partir de considerar la primacía de las personas. Ante la evidente crisis de las teorías y prácticas neoliberales incapaces de abordar las crisis que tenemos por delante existe ya suficiente doctrina y experiencia para avanzar en la construcción de nuevas realidades económicas más democráticas y al servicio de la economía real, teniendo por centro a las personas. Ahora solo es necesario que la sociedad civil organizada que comparte estos valores se aplique en la tarea
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