Cuando pensamos en movilidad sostenible, las primeras ideas que nos asaltan son coches eléctricos, trenes a 350km/h o soluciones futuristas con IA incorporada. Con suerte, a veces se mencionan las bicicletas. Sin embargo, casi nunca hablamos del modelo económico que hay detrás de esas propuestas.
Cada vez que salimos a la calle, la realidad nos pone contra las cuerdas. Hacer reparto en bicicleta es a todas luces movilidad sostenible, pero si quien pedalea es un falso autónomo sin permiso de residencia, ¿de verdad podemos considerarlo así?
El término movilidad “sostenible” se ha vaciado de contenido. Hemos visto presentaciones de gasolina sostenible, aeropuertos sostenibles, autopistas sostenibles… Si todo es sostenible, nada lo es. Por eso desde la Escuela de Movilidad Sostenible trabajamos con una definición muy clara. Solo es movilidad sostenible si es buena, a la vez, para las personas, los territorios y el planeta.
Durante años, muchas políticas de movilidad han estado condicionadas por una lógica centrada en la eficiencia y el crecimiento. Un enfoque que ha priorizado mover más vehículos, recorrer más kilómetros, o reducir unos minutos los tiempos de viaje. Se han inaugurado líneas de AVE, autovías o tranvías sin tener claro qué necesidades, ni las de quién, se estaban resolviendo.
No se diferenció entre la necesidad y la demanda. El sistema económico actual tiende a tratar ambas cosas como si fueran lo mismo, y a valorarlas según el mercado. Pero una necesidad (llegar al hospital, al supermercado o al trabajo) no desaparece porque alguien no pueda pagarla.
Cuando las políticas de movilidad se diseñan pensando en la demanda, acaban reproduciendo y ampliando las desigualdades existentes. Cuando se diseñan pensando en las necesidades, cambian radicalmente las prioridades: transporte público, infraestructuras peatonales y ciclistas y accesibilidad universal.
No se trata de maximizar el transporte (más desplazamientos, más rápidos, más lejos), sino de garantizar la accesibilidad: que las personas puedan llegar, en condiciones adecuadas, a los lugares donde satisfacen sus necesidades de trabajo, salud, formación, ocio o relación social.
Ese cambio de mirada conecta de forma natural con los principios de la Economía Social y Solidaria (ESS).
La ESS parte de una idea sencilla, pero profundamente transformadora: la economía debe estar al servicio de las personas y del bien común, no al revés. Cooperativas, sociedades laborales o fundaciones comparten una forma de hacer las cosas basada en la participación democrática, la cooperación, el compromiso con el territorio y la generación de impacto social y ambiental por encima del lucro económico.
Aplicado a la movilidad, este principio tiene traducciones muy concretas, y algunas responden directamente al reparto en bicicleta con el que empezábamos. Existen ya cooperativas de ciclologística en las que son las propias repartidoras quienes deciden las tarifas, los turnos y las condiciones de trabajo.
Las cooperativas de carsharing aplican la misma lógica al coche: en lugar de que cada persona posea, mantenga y financie un vehículo que pasa la mayor parte del día parado, la propiedad y el uso se organizan de forma colectiva, con las personas socias decidiendo cómo se gestiona el servicio.
Y esa idea se puede llevar hasta la propia energía que mueve esos vehículos eléctricos: las cooperativas de energía que persiguen la soberanía energética no solo instalan renovables, también nos liberan de depender de un gas cuyo precio se dispara cada vez que hay una guerra y cuya factura, en buena parte, termina financiando a quienes las provocan.
Más allá de la movilidad, desde AMcoop, la cooperativa que impulsa el proyecto de la Escuela de Movilidad Sostenible, trabajamos en red con cooperativas y entidades de la ESS de sectores muy diferentes: servicios web, productoras de vídeo, gestoría laboral, consultorías, etc. Demostrando que la ESS es una alternativa real, que ya está aportando soluciones.
Al final, toda política de movilidad, y toda solución que “se venda” como sostenible, debería someterse a una pregunta muy simple: ¿a quién beneficia y a quién deja fuera? Desde la Economía Social y Solidaria tenemos claro que la respuesta debe incluir siempre a las tres patas: personas, territorios y planeta.
