En el ámbito de las cuestiones urbanas más relevantes, el acceso a la vivienda es sin duda uno de los retos imprescindibles para garantizar a toda persona un lugar accesible y digno donde desarrollar su vivencia. Sin embargo, de acuerdo también a estrategias internacionales como la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030, la consideración de la política de vivienda como sectorial, es decir ajena a las transformaciones urbanas y sociales, puede ser una contradicción en la consideración de la ciudad como un organismo complejo, que necesita de medidas y políticas innovadoras capaces de integrar la vivienda, el espacio público, la cohesión social, es decir, aquellas acciones físicas, económicas, sociales y medioambientales que permiten fomentar ciudades inteligentes, inclusivas y sostenibles.
En este sentido, los fenómenos que recientemente se están produciendo en la ciudad, debidos en primer lugar a una cultura de la nueva construcción – modelo de expansión que ocupa territorio y genera más movilidad – junto a dinámicas demográficas ligadas al envejecimiento poblacional y otras especulativas, producen una paulatina despoblación de la ciudad consolidada y, en especial, un degrado o terciarización de los cascos históricos con evidentes consecuencias sobre la habitabilidad del corazón de nuestras urbes. Entre estos fenómenos, la gentrificación – definida por la socióloga Ruth Glass en los años sesenta en Inglaterra – conlleva la sustitución de un sector social determinado de un lugar determinado por otro de mayor capacidad adquisitiva. Las causas que la provocan son múltiples y afectan tanto a la vivienda como a los servicios de un sector urbano. Por un lado, la gentrificación viene determinada por las dinámicas del mercado inmobiliario y por los fondos financieros interesados en nuevos contenidos que modifican el tejido social de un barrio. En otras ocasiones, es consecuencia – directa o indirecta– de la acción de la administración, cuando importantes transformaciones urbanas o mejoras del espacio público producen un incremento del precio de la vivienda y, en consecuencia, dinámicas residenciales más o menos inesperadas. Cuando a la sustitución de un colectivo social, se suma el cambio de uso, por ejemplo, del residencial al turístico, se produce una especial forma de gentrificación, denominada turistificación.
La incidencia y la dicotomía entre la economía global – por ejemplo turística – frente a las culturales locales, en apariencia causas inexcusables de las dinámicas inmobiliarias, puede considerarse sin embargo como una “estrategia urbana global” (Smith, 2002), que incide de forma irreversible en el presente y en el futuro de nuestro patrimonio material (las casas), pero también inmaterial (las personas): es decir la convivencia y la cohesión social de nuestras ciudades. Ya que no habrá sostenibilidad urbana sin sostenibilidad social de las transformaciones en la ciudad, se hace imprescindible prevenir las consecuencias indeseadas de estos fenómenos, a partir del reconocimiento no solo del deber de garantizar un Derecho a la Vivienda, sino también lo que ha definido Lefevbre como el Derecho a la Ciudad, concepto recientemente matizado como “mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar las ciudades de acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso urbanizador” (Harvey, 2012).
La crisis económica y habitacional obliga a las administraciones públicas a concentrar esfuerzos para garantizar el derecho a la vivienda para los colectivos más vulnerables. Buenas prácticas internacionales han demostrado que uno de los medios para garantizar dicho derecho es el parque público de vivienda en alquiler, en cuanto servicio público para las clases menos pudientes. Frente a los cambios urbanos que se están dando, es oportuno además generar estrategias de ubicación en lugares especiales, para fomentar la permanencia de ciertos sectores sociales en zonas sensibles. Además, parece necesario fortalecer caminos paralelos que permitan promover la co-gestión y colaboración entre administración pública, economía social y sociedad civil, también en el campo de la regeneración urbana, para promover un formato habitacional alternativo a la propiedad y al alquiler en áreas de especial interés de la ciudad en aras a preservar su valor residencial y colectivo. El modelo de ciudad compacta y sostenible pasa por conjugar movilidad, espacio público, rehabilitación y regeneración urbana, reactivación de centros históricos y barriadas, involucrando transversalmente diferentes instituciones y dando cabida a la participación activa de la ciudadanía y a la economía social para, en definitiva, pasar “de la especulación a la cultura de la rehabilitación”.
De acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030, es imprescindible abrir caminos novedosos de cogestión entre la Ciudad y la Ciudadanía, entre la administración pública y la economía social y solidaria, de cara a la rehabilitación urbana a través de la innovación social estableciendo las bases de una gobernanza urbana innovadora. Es el caso que experimenta PAX Patios de la Axerquía, una iniciativa de un grupo de personas del ámbito de la arquitectura y de la antropología que se propone implementar en Córdoba mecanismos multinivel de regeneración urbana a través de la innovación social para fomentar el reuso de las casas patios plurifamilares del centro con procesos cooperativos. Frente a otros ejemplos de cooperativismo de vivienda, PAX se centra en la rehabilitación de la ciudad existente de valor patrimonial como modelo de un urbanismo de proximidad (i) para la revegetación de la ciudad (ii) a través de la fórmula de co-gestión con la ciudadanía. Fundada en 2018 por Jacinta Ortiz, Carlos Anaya y quien escribe, PAX ya ha alcanzado varios objetivos, en cuanto facilitadora de un proceso de gobernanza innovadora entre administración, universidad, agentes sociales y ciudadanía en general.
En breve se terminará la rehabilitación de una fantástica casa de vecinxs del siglo XVIII con la primera cooperativa PAX Astronautas, un grupo de seis familias que desean compartir sus vivencias a través del patio como elemento común, reconocido por Unesco en 2012. Financiada por Banca Etica, la casa va retomando vida gracias a la iniciativa, la solidaridad y empatía del grupo humano, que la ha salvado de un futuro turístico con evidente pérdida de identidad. El enlace con las asociaciones de vecinos y vecinas del casco histórico es una base fundamental para articular una línea común de deseo para el futuro de la ciudad, así como con la universidad, para estudiar la capacidad del patio como célula ecosocial de resiliencia frente al cambio climático a través de su revegetación.
En la escala global, PAX es buena práctica y parte de la Faro Convention Network del Consejo de Europa, por aplicar el valor social del patrimonio a entornos urbanos sensibles, y fortalecer el pensamiento de cómo la “comunidad patrimonial”, indicada por la Convención de Faro, puede y debe participar de la reactivación y salvaguarda de nuestro patrimonio, material e inmaterial, hacia ciudades más inclusivas y sostenibles. Córdoba es ahora un laboratorio urbano que, consolidada la estrategia, puede aplicarse a otros contextos similares, otros laboratorios urbanos que buscan ser ciudades sostenibles a través de una ciudadanía resiliente.
Emprendimiento Colectivo ha publicado este artículo con el permiso de su autora mediante una licencia de Creative Commons.
